Pagni hoy sobre el gobierno (en La Nación)

Un discurso cargado de deslices

Por Carlos Pagni
Para LA NACION

El discurso que Cristina Kirchner dedicó al sector agropecuario pasará a la historia por el cacerolazo que le siguió como respuesta. También será recordado como ejemplo del déficit de sensibilidad de un gobernante para comprender el modo en que se perciben sus políticas. Pero también llamó la atención por la información que ofreció para detectar cómo se interpreta la economía en el centro del poder.

Su argumento central dice así: en vez de quejarse de "la presidenta mala", los productores agropecuarios deberían estarle agradecidos porque la rentabilidad que obtienen del "tipo de cambio competitivo" se la deben al Gobierno, que sostiene una paridad de 3,18 pesos por dólar. Como consecuencia de esa política cambiaria se aplican las retenciones, que el campo debe bendecir: sin ellas sería imposible alcanzar el superávit fiscal mediante el cual la administración sostiene el tipo de cambio. Un razonamiento circular.

Mejor olvidar sus deslices institucionales. Por ejemplo, la oficialización de que el precio del dólar lo fija la Casa Rosada convirtiendo en una ficción la autonomía del Banco Central.

Cristina ignoró datos que conocen sus funcionarios más cercanos. Uno, llamativo, es que sólo el 20% de los costos de un productor de soja corresponden a insumos o servicios accesibles en el mercado local, es decir, determinados por las ventajas que puede ofrecer el Gobierno. El otro 80% está cifrado en precios internacionales. Dicho de otro modo: la rentabilidad del sector depende mucho más de los precios internacionales de la soja y de los insumos, que de los beneficios de la "presidenta buena". Entre ellos, el tipo de cambio.

Según economistas independientes, la paridad con que se maneja hoy el comercio de granos es, sin las retenciones, de 1,70 pesos. Si se computara la inflación de los últimos dos años, el campo estaría operando con un peso sobrevaluado respecto del de 2001. Por eso los industriales K presionan por un desdoblamiento del mercado de cambios que les ofrezca un dólar de 4 pesos. Para sintetizar: si a un productor agropecuario se le ofreciera el tipo de cambio de 2001, con el gasoil a precio internacional y sin retenciones, aceptaría encantado.

En la visión de la Presidenta, no hay un vicio conceptual. El problema es otro. Su argumento oculta que las retenciones se fijan más por razones políticas que económicas. Gracias a ellas la Casa Rosada consigue fondos que no debe coparticipar con las provincias. Con esos recursos ejerce su imponente dominio sobre las demás jurisdicciones. Las retenciones son un dispositivo de dominación que el discurso de anteayer silenció.

Una de las consecuencias del conflicto actual es haber abierto el debate sobre esa nota constitutiva del liderazgo de los Kirchner. Al invitarlos a una mediación, los funcionarios dieron a los gobernadores una excusa para pedir su parte en el negocio del campo. Si sobre la renta agraria se recaudara sólo el impuesto a las ganancias, las provincias recibirían US$ 2500 millones, que hoy van a las manos del gobierno nacional.

Gracias a este régimen, la Presidenta puede enrostrarle a los productores las obras públicas que Kirchner realizó en su beneficio. También por este neounitarismo, su esposo consigue organizar el acto de hoy en Parque Norte, durante el cual los gobernadores del PJ aplaudirán el sistema de avasallamiento federal del que son víctimas.

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Hay otro aspecto del discurso presidencial de gran relevancia: la ignorancia de que el régimen de tipo de cambio que defiende es una de las razones que llevaron la inflación, según cálculos que circulan dentro del Gobierno, a más del 22%. Es la novedad más inquietante del mensaje: el Gobierno sigue sin admitir la escalada de los precios. ¿Cuánto de esta negación, por lo que tiene de autismo, está detrás del rechazo político que enfrenta la señora de Kirchner?

La falta de una estrategia contra la inflación -o la ratificación de los subsidios como única política de precios- es más grave después del estallido agropecuario. Sencillo: quienes más poder perdieron son Alberto Fernández y Martín Lousteau, es decir, el ala del Gobierno que -se suponía- buscaba una corrección en la política económica. Es lo que creyó el grupo de empresarios kirchneristas que quiso rodear a Lousteau hasta que Julio De Vido desbarató la conjura.

Fernández está herido y Lousteau está sometido a la doble Nelson del campo y de sus adversarios internos. Es el rostro de las medidas repudiadas aunque no haya sido su autor. Las retenciones móviles fueron promovidas por Martín Abeles y la versión definitiva salió del despacho del jefe de asesores, Manuel Sánchez Gómez

Ahora, Lousteau lucha contra los que aconsejan dividir el Ministerio en Hacienda, a cargo de Juan Carlos Pezzoa, y Producción, en manos de un subordinado de De Vido. Las entidades del campo comenzaron a enviar señales a Puerto Madero a través de este ministro.

Sin embargo, el jefe de Gabinete tiene aún suficiente poder como para retener a su ahijado. Le falta encontrar la estética que satisfaga al campo: tal vez una rebaja de las retenciones y una subsecretaria para pequeños productores. Casi nada al lado de la tarea más dificultosa: reconstituir su relación con Néstor Kirchner, que por primera vez se sintió desafiado por alguien de su entorno en una materia de su exclusiva competencia como es la economía.